El Grupo de Lima no reconoce la legitimidad del proceso electoral desarrollado en la República Bolivariana de Venezuela, "por no cumplir con los estándares internacionales de un proceso democrático, libre, justo y transparente", que dejó el domingo la reelección de Nicolás Maduro.

Los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, a través de un comunicado, indicó que "acuerdan reducir el nivel de sus relaciones diplomáticas con Venezuela, para lo cual llamarán a consultas a los embajadores en Caracas y convocar a los embajadores de Venezuela para expresar nuestra protesta".

Los gobiernos reiteraron "su preocupación por la profundización de la crisis política, económica, social y humanitaria que ha deteriorado la vida en Venezuela, que se ve reflejada en la migración masiva de venezolanos que llegan a nuestros países en difíciles condiciones y en la pérdida de la instituciones democráticas, el estado de derecho y la falta de garantías y libertades políticas de los ciudadanos". 

Sostienen que decidieron presentar en el marco del 48° periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos una nueva resolución sobre la situación en Venezuela.

Y a fin de atender la situación derivada por el preocupante incremento en los flujos de venezolanos que se ven obligados a abandonar su país y por el impacto que esta situación está teniendo en toda la región, deciden adoptar las siguientes medidas:

Convocar una reunión de alto nivel con autoridades responsables del tema migratorio y de refugio para intercambiar experiencias y definir los lineamientos de una respuesta integral, incluyendo temas de facilidades migratorias y documentos de identidad. En ese sentido, aceptan el ofrecimiento de Perú de ser sede de dicha reunión la primera quincena de junio.

Considerar la posibilidad de realizar contribuciones financieras a los organismos internacionales competentes para fortalecer las capacidades institucionales de los países en la región, especialmente los países vecinos, para atender el flujo migratorio de venezolanos. 

Deploran la grave situación humanitaria en Venezuela y tomando en cuenta las implicaciones en materia de salud pública para toda la región deciden adoptar las siguientes medidas:

Convocar a una reunión de alto nivel con autoridades responsables del sector salud para coordinar acciones en materia de salud pública y fortalecer la cooperación para atender la emergencia epidemiológica.

Apoyar el suministro de medicamentos por instituciones independientes y las acciones de vigilancia epidemiológica en Venezuela y en sus países vecinos, en particular frente a la reaparición de enfermedades como sarampión, paludismo y difteria.

Reiteran el párrafo 4 de la Declaración de Lima del 8 de agosto de 2017 y, con objeto de contribuir a preservar las atribuciones de la Asamblea Nacional, acuerdan adoptar, siempre que su legislación y normativa interna lo permitan, las siguientes medidas en el ámbito económico y financiero:

Solicitar a las autoridades competentes de cada país que emitan y actualicen circulares o boletines a nivel nacional que transmitan al sector financiero y bancario el riesgo en el que podrían incurrir si realizan operaciones con el gobierno de Venezuela que no cuenten con el aval de la Asamblea Nacional, incluyendo convenios de pagos y créditos recíprocos por operaciones de comercio exterior –incluido bienes militares y de seguridad.

Coordinar acciones para que los organismos financieros internacionales y regionales procuren no otorgar préstamos al Gobierno de Venezuela, por la naturaleza inconstitucional de adquirir deuda sin el aval de su Asamblea Nacional, excepto cuando el financiamiento sea utilizado en acciones de ayuda humanitaria teniendo presente previo a su otorgamiento, los posibles efectos no deseados en economías de terceros países más vulnerables. 

Intensificar y ampliar el intercambio de información de inteligencia financiera, a través de los mecanismos existentes, sobre las actividades de individuos y empresas venezolanas que pudieran vincularse a actos de corrupción, lavado de dinero u otras conductas ilícitas que pudiera derivar en procedimientos judiciales que sancionen dichas actividades criminales, tales como en el congelamiento de activos y la aplicación de restricciones financieras.

En el marco de los estándares internacionales fijados por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) y de los mecanismos operacionales ya existentes, se insta a contar con un análisis de riesgo de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, y se propone además que los países sensibilicen al sector privado en sus jurisdicciones, sobre las amenazas y riesgos de lavado de dinero y corrupción que han identificado en Venezuela y que afecten a la región, lo que ampliará la capacidad de prevenir o detectar posibles actos ilícitos con mayor oportunidad.

De igual forma, se solicita a las Unidades de Inteligencia Financiera y a las autoridades competentes de cada país, que emitan y actualicen guías, circulares o boletines a nivel nacional que alerten a las instituciones financieras sobre la corrupción en el sector público venezolano y los métodos que los servidores públicos venezolanos y sus redes pueden estar usando para esconder y transferir recursos procedentes de actos de corrupción.

El Grupo continuará dando seguimiento al desarrollo de la situación en Venezuela con el objeto de adoptar las medidas adicionales que correspondan, de manera individual o colectiva, para favorecer el restablecimiento del estado de derecho y el orden democrático en ese país.